Es la tercera vez que los amenazan de muerte por investigar a los policías acusados por el delito de sedición durante los saqueos ocurridos en diciembre pasado. Pero ayer a la mañana, los fiscales de Instrucción Adriana Giannoni y Diego López Ávila seguían trabajando en sus respectivas fiscalías. Los dos comprenden que el cargo que ocupan los expone a esta clase de intimidaciones. Pero también entienden que les toca ser el blanco de una circunstancia completamente anómala.
Por eso no dieron ni un paso atrás en la instrucción de esta causa y citaron, para el martes 20 del corriente, a 23 policías que estarían involucrados con los hechos sucedidos entre el 9 y 10 de diciembre. Estos uniformados declararán en condición de imputados y deberán explicar qué hicieron durante el auto acuartelamiento de una parte de la Policía de Tucumán.
Al mediodía, Giannoni y López Ávila dejaron sus despachos para dirigirse al Palacio de Tribunales. Allí, fueron recibidos por los vocales de la Corte Suprema de Justicia Claudia Sbdar y Daniel Posse. Luego de dialogar entre ellos, los cuatro funcionarios judiciales se reunieron con el titular de la Corte, Antonio Gandur. En ese encuentro los fiscales les entregaron un escrito a los tres vocales para informarles oficialmente acerca de la irregular situación que están viviendo.
Al término de ese encuentro, los fiscales hablaron con la prensa. “La primera vez que nos amenazaron nos tiraron planfletos (con mensajes intimidatorios). La segunda vez enviaron mensajes de textos y el martes, directamente, me llamó a mi teléfono celular una persona (que con) muchísima agresividad (me amenazó)”, explicó Giannoni que, además, remarcó que contaron con el apoyo de la Corte desde el primer momento.
En este marco también señaló que le pidieron a los miembros de la Corte que manifiesten de manera formal su apoyo. Y esta solicitud se cumplió casi de inmediato porque, después de escuchar a los fiscales, Gandur le envió una carta al secretario de Seguridad, Paul Hofer, en la que le pedía expresamente que disponga de inmediato de los medios necesarios para resguardar la integridad de los fiscales.
Por otra parte, Giannoni y López Ávila coincidieron en que no se puede condenar a toda la Policía. “La situación es preocupante. Pero muchos oficiales se acercaron para darnos su apoyo. Y es importante destacar que no toda la Policía actuó en la sedición. Hubo muchos que estuvieron en la calle. Acá hubo un grupo que tomó la decisión de desestabilizar y tenemos información de que no era la primera vez que lo hacían”, dijo López Ávila.
Es la tercera vez que los amenazan de muerte desde que comenzaron a investigar a los policías acusados de sedición durante los saqueos ocurridos en diciembre pasado. Sin embargo, los fiscales de Instrucción Adriana Giannoni (VIII° Nominación) y Diego López Ávila (IV° Nominación) continuaban ayer con su trabajo habitual. Ambos comprenden que el cargo que ocupan los expone a esta clase de intimidaciones. Pero también entienden que les toca ser el blanco de una circunstancia completamente anómala.
Por eso no dieron ni un paso atrás en la instrucción de esta causa y citaron, para el martes 20, a 23 policías que estarían involucrados con los hechos sucedidos entre el 9 y 10 de diciembre de 2013. Esos uniformados declararán en condición de imputados y deberán explicar qué hicieron durante el autoacuartelamiento que llevó adelante una parte de la Policía de Tucumán.
Al mediodía, Giannoni y López Ávila abandonaron sus despachos para dirigirse al Palacio de Tribunales. Allí, fueron recibidos por los vocales de la Corte Suprema de Justicia Claudia Sbdar y Daniel Posse. Luego de dialogar entre ellos, los cuatro funcionarios judiciales se reunieron con el titular de la Corte, Antonio Gandur. En ese contexto los fiscales les entregaron un escrito a los tres vocales para informarles oficialmente sobre la irregular situación que están viviendo.
Al término del encuentro, los fiscales hablaron con la prensa.
Custodia
“La primera vez que nos amenazaron nos tiraron panfletos (con mensajes intimidatorios). La segunda, vez enviaron mensajes de texto. Y el martes, directamente, me llamó a mi teléfono celular una persona que con muchísima agresividad me amenazó”, explicó Giannoni. La funcionaria judicial, además, remarcó que tanto ella como López Ávila contaron con el apoyo de la Corte desde el primer momento.
En este marco también señaló que le pidieron a los miembros del superior tribunal que manifiesten de manera formal su apoyo. Esa solicitud se cumplió de inmediato. Tras escuchar a los fiscales, Gandur le envió una carta al secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, en la que le pidió expresamente que disponga de inmediato de los medios necesarios para resguardar la integridad de los fiscales.
Por otra parte, Giannoni y López Ávila coincidieron en que no se puede condenar a toda la Policía. “La situación es preocupante. Pero muchos oficiales se acercaron para darnos su apoyo. Es importante destacar que no toda la Policía actuó en la sedición: muchos que estuvieron en la calle. Acá hubo un grupo que tomó la decisión de desestabilizar y tenemos información de que no era la primera vez que lo hacían”, sentenció López Ávila.
Policía Judicial
El vocal Posse, por su parte, evitó recrudecer las sospechas sobre el accionar de los uniformados cuando se le preguntó qué pensaba del supuesto origen de las amenazas. “No sé si son sectores de la Policía. Eso es algo que se está investigando. Y, como todavía no lo sabemos, no puedo responder en ese sentido”, subrayó.
No obstante, el funcionario judicial sí resaltó la gravedad de estos acontecimientos. “Me preocupa cualquier persona que piense que puede amenazar a dos fiscales para interferir en una investigación. Sea o no sea policía”, analizó.
A su vez Posse destacó que, debido a la reforma del Código Procesal Penal, una comisión integrada por los tres poderes del Estado viene analizando la implementación de nuevas políticas institucionales. Y, dentro de esas modificaciones, también se estudia la creación de una Policía Judicial. “Hace mucho tiempo que considero que es necesaria una modificación en la estructura de la Policía y la creación de una policía judicial. Pero esa es una decisión política que no la puede tomar el Poder Judicial”, aseveró.
Asimismo, Posse remarcó que el tema ya fue debatido tanto con el ministro de Seguridad Ciudadana Jorge Gassenbauer como con el gobernador José Alperovich.
Repudio
Un sector del Poder Legislativo también expresó su repudio contra las intimidaciones que recibieron Giannoni y López Ávila.
Un grupo de parlamentarios oficialistas resaltó la preocupación de que los fiscales hayan sido amenazados de muerte por investigar una causa en la que están involucrados unos 50 policías. Ayer presentaron un proyecto de declaración “en repudio de esta cobarde amenaza”. El texto lleva la firma de 13 parlamentarios, entre los que figuran Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer, y se tratará en la próxima sesión del cuerpo.
La Asociación de Magistrados, por otro lado, también se pronunció en contra del ataque contra los fiscales, al igual que el defensor del Pueblo, Hugo Cabral.